Las Asociaciones de Usuarios integrantes de la Comisión de Usuarios Residenciales del ENARGAS redactamos el siguiente documento el cual sostiene que la política del Gobierno nacional sobre el Gas Licuado de Petróleo (GLP) ha producido un fuerte deterioro del acceso al subsidio para los hogares vulnerables que dependen de garrafas, afectando a un universo de aproximadamente 3,8 millones de beneficiarios. Las reformas implementadas entre 2024 y 2026 desarticularon el Programa Hogar sin garantizar un mecanismo equivalente de protección social.
Nuestros principales argumentos son:
Desregulación del mercado de GLP. El Decreto 446/2025 eliminó los precios máximos obligatorios y pasó a un sistema de precios libres, limitando la intervención estatal principalmente a cuestiones de seguridad y fiscalización.
Licuación del subsidio. Mientras el precio de las garrafas aumentó significativamente, el monto del subsidio permaneció prácticamente congelado, reduciendo su cobertura hasta alrededor del 8,5% del precio de una garrafa de 10 kg, según un informe de la propia Secretaría de Energía citado por el documento.
Interrupción de pagos. Se sostiene que durante 2024 y gran parte de 2025 los pagos fueron suspendidos o realizados de forma irregular por auditorías y revisiones de padrones, dejando sin asistencia efectiva a millones de beneficiarios.
Eliminación del Programa Hogar y creación del ReSEF. El nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados reemplaza el esquema anterior, exige una nueva inscripción digital, elimina el depósito directo vía ANSES y sustituye el subsidio por un reintegro al momento de la compra mediante medios electrónicos específicos.
Mayores restricciones de acceso. El documento critica que el nuevo sistema: obliga a reinscribirse; exige bancarización y uso de plataformas digitales; elimina la atención presencial de ANSES; limita los lugares donde puede adquirirse la garrafa con reintegro; excluye en la práctica a numerosos hogares vulnerables por barreras tecnológicas y administrativas.
Cambios en zonas frías. El régimen anterior contemplaba hasta 4 a 6 garrafas mensuales subsidiadas en regiones de clima extremo, mientras que el nuevo esquema fija un máximo uniforme de 2 garrafas en invierno y 1 en verano para todo el país.
Crítica económica. El documento sostiene que el nuevo diseño reduce deliberadamente el gasto público mediante: menor cantidad de beneficiarios; reducción de cupos; reinscripción obligatoria; control más estricto del presupuesto mediante reintegros administrados por el Tesoro.
Conclusión
El nuevo régimen vulnera diversos principios constitucionales y legales, entre ellos:
principio de no regresividad de los derechos sociales;
derecho de acceso a la energía para sectores vulnerables;
igualdad y no discriminación (por la brecha digital);
derecho al debido procedimiento administrativo;
derecho a la información y transparencia;
protección constitucional de los consumidores (art. 42 CN);
razonabilidad de las políticas públicas (art. 28 CN).
Síntesis en un solo párrafo
La desregulación del mercado de garrafas, el congelamiento del subsidio, la interrupción de los pagos del Programa Hogar y su reemplazo por un sistema de reintegros digitales (ReSEF) provocaron una reducción sustancial de la protección estatal para millones de hogares sin acceso al gas por redes. Las nuevas exigencias de reinscripción, bancarización y utilización de plataformas digitales excluyen a gran parte de la población vulnerable, reducen el alcance real del subsidio y constituyen una regresión en materia de derechos sociales, protección de consumidores y acceso equitativo a la energía.